Volver al listado de noticias

LOS ALEGATOS FINALES DE LOS ABOGADOS PARTICIPANTES EN EL JUICIO DE LA CORUÑA

  • Prestige

NAUCHERglobal, Juan Zamora 10/07/2013

A falta del alegato final de la abogada del Estado Consuelo Castro, defensora del ex dirctor general de Marina Mercante, ayer el tribunal escuchó el discurso del abogado Santiago Zabaleta, un impresionante alegato jurídico sobre la responsabilidad civil, la limitación de responsabilidad en el derecho marítimo, español e internacional, y la aplicación al caso, exclusivamente, de lo dispuesto en el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, de 1992, conocido por sus siglas CLC/92 (del inglés Civil Liability Convention).

Zabaleta, armado con abundantes citas legales, doctrinales y jurisprudenciales afirmó que no existen dos clases de responsabilidad civil, la llamada “pura” y la “derivada de delito”, sino solamente una. La llamada responsabilidad civil “ex delicto”, que el abogado del Estado, Javier Suarez, y el fiscal, presentaron como una rama autónoma de la responsabilidad civil contemplada en las leyes y en el código civil, sólo sujeta al código penal, a fin de justificar la pretensión de una indemnización por daños ilimitada, muy por encima de lo previsto en el CLC/92, no nace del delito sino de los daños causados.

Con distintos soportes argumentales y exquisita precisión jurídica, Santiago Zabaleta, construyó a continuación un sólido alegato sobre la imprescindible aplicación a los daños producidos por el vertido del PRESTIGE de lo dispuesto en el CLC/92, firmado por España y de aplicación prevalente sobre las leyes internas, de acuerdo con el artículo 96 de la Constitución. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, el tribunal, en aplicación de la ley, no debería apartarse de lo dispuesto en el CLC/92, el cual prevé una indemnización objetiva por los daños causados, es decir la indemnización no depende de que sea declarada la culpa del naviero o de sus empleados. Esa indemnización viene limitada en función del tonelaje del buque y sólo decae si se prueba que el vertido contaminante fue debido a una acción dolosa del propio naviero.

Basándose en los hechos probados y en los testimonios recogidos durante el proceso, Zabaleta, descarta de plano la más mínima responsabilidad del armador del PRESTIGE en el vertido contaminante. A lo largo del siniestro, el PRESTIGE demostró que no puede ser tachado de buque subestándar.

La responsabilidad civil del armador, en cualquier caso, de acuerdo con lo previsto en el CLC/92, cubre únicamente los daños causados por el vertido que siguió a la primera avería del buque, desde las 16 horas del 13 de noviembre a las 14 horas del día siguiente, cuando el PRESTIGE quedó en manos del Gobierno, que marcó el rumbo de alejamiento y dio las órdenes que consideró convenientes al remolcador. El vertido durante los cinco fatídicos días en que el PRESTIGE deambuló frente a las costas gallegas a rumbos sur y sudoeste, y el gran vertido cuando se partió en dos y se hundió, resultan de la exclusiva responsabilidad de las autoridades marítimas que gestionaron el accidente de una forma catastrófica

Zabaleta cifró en 2.250 toneladas la cantidad de fuel derramada (la media aritmética de la horquilla del primer derrame, según los expertos, entre 1.500 y 3.000 toneladas), y cuantificó, con datos del Fidac, en unos 40 millones de Euros el coste total de limpieza e indemnización a los damnificados potenciales por ese derrame Todo lo demás, los daños y perjuicios reales, no las abultadas y abusivas cifras que ha presentado el Gobierno, debe ser imputado al Estado español, que se sirvió de unos funcionarios negligentes e incompetentes.

 

¿ALGUIEN EN SUS CABALES PUEDE EXPLICAR POR QUÉ ESTÁ IMPUTADO EL JEFE DE MÁQUINAS DEL PRESTIGE?

A continuación intervino el abogado defensor del jefe de máquinas del PRESTIGE, Nikolaos Argyropoulos, con una alocución breve, pero muy bien armada y que dejó en la sala una excelente impresión. Ciertamente, su labor no parecía difícil, pues a estas alturas nadie puede entender por qué está imputado el jefe de máquinas, un profesional ajeno a todas las decisiones que según la acusación propiciaron el accidente del PRESTIGE.

El letrado Paulino Pérez Riveiro fue especialmente crítico con la Administración y las acusaciones en general por el hecho de haber pergeñado una acusación temeraria contra el jefe de máquinas por mero "afán de lucro". También criticó a la Abogacía del Estado, a la que acusó directamente de mala fe, porque a pesar de haber renunciado a acusar el jefe de máquinas por un delito medioambiental, sin embargo el día de su informe final volvió a relatar toda la secuencia de eventos relacionados con el supuesto mal estado de la máquina abriendo camino para que el resto de acusaciones pudieran seguir manteniendo esa superstición.

 

Buscador

Introduzca los términos de búsqueda