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LLORCA SACA PECHO EN EL CONGRESO Y ANUNCIA QUE LOS PGE MEJORARÁN LA COMPETITIVIDAD LOS PUERTOS

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NAUCHERglobal, Daniel Molero 20/04/2018

El presidente de Puertos del Estado, José Llorca, compareció este pasado jueves ante la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados en sesión ordinaria para informar de las cifras de la empresa dependiente del Ministerio de Fomento. En clave política, ante el debate sobre los presupuestos del Estado para este año, Llorca sacó pecho ante los diputados con unas cifras que muestran el buen funcionamiento de los puertos españoles, a pesar de la muy deficiente gestión del Gobierno en conflictos como el de la estiba, aún sin solucionar.

Así, los más de 1.000 millones previstos en la cifra de negocio conjunta (recordar que, muy a su pesar, a Puertos del Estado responden las 28 autoridades portuarias y 46 puertos de interés general del sistema estatal, al revés de como funciona en la mayor parte de los países del mundo occidental) se pretenden lograr a partir de la gestión desde el propio territorio, dado que los presidentes de los puertos son escogidos por cada Comunidad Autónoma. En este sentido, el OPPE tiene funciones de controlador (y también censor) de estas cifras impidiendo, en todos los casos, que sean los propios puertos los que puedan modificar las tasas aplicables (en base a los coeficientes reductores permitidos) en función de sus necesidades y dejando una mínima ventana a las autoridades portuarias para modificar las mismas.

Así, ante los diputados y según informa Puertos del Estado, Llorca inició su intervención anunciando que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 incluye en el ámbito portuario nuevas medidas específicamente dirigidas a la reducción de los costes de paso de las mercancías por los puertos españoles, que contribuirán a la mejora de la competitividad de nuestra economía, al reducir los costes logísticos de nuestras empresas.

Constata la reducción del 10%

En concreto, el presidente de Puertos del Estado anunció una reducción del 10% de la cuantía básica de la tasa de la mercancía. La reducción propuesta, con un impacto estimado de 28 millones de euros, repercutirá directamente en una mejora de la competitividad de las exportaciones españolas y una reducción del coste de las importaciones, con una repercusión directa en los costes logísticos.

Además, según OPPE, se mantendrán un ejercicio más, sin ser objeto de revisión con respecto a 2017, las cuantías básicas del resto de las tasas portuarias. Tampoco se varían los valores de los terrenos y las aguas de los puertos, las cuotas íntegras de la tasa de ocupación, los tipos de gravamen de la tasa de actividad y las cuantías básicas de la tasa de ayudas a la navegación y de la tarifa fija de recepción de desechos generados por buques. Ante el repunte de la inflación, esta medida representa, en términos reales, una reducción de la carga tributaria de los operadores portuarios.

Respecto a las bonificaciones comerciales, Llorca puso de relieve que las que se proponen para 2018 hubieran tenido un impacto anual cercano a 112 millones de haberse podido aplicar durante todo el ejercicio. No obstante, hasta la entrada en vigor de este proyecto de ley se encuentran vigentes, por la prórroga presupuestaria, las aprobadas en la Ley de Presupuestos de 2017, que tenían un impacto estimado ligeramente inferior a las que ahora se proponen.

Entre las principales novedades, Llorca citó tres: la aprobación de coeficientes correctores para la tarifa fija de recepción de desechos generados por buques, paliando el déficit entre lo recaudado por la tarifa fija y las cantidades que estos organismos públicos pagan a los prestadores del servicio en función de los volúmenes de desechos (basura) efectivamente recogidos; la exención del pago del Impuesto Especial sobre la Electricidad por la energía eléctrica suministrada a las embarcaciones atracadas en puerto que no tengan la condición de embarcaciones privadas de recreo, al preverse una reducción del 100% en la base imponible del mismo; y la exención en el Impuesto sobre Sociedades para las rentas obtenidas por las autoridades portuarias como consecuencia de la transmisión de elementos de su inmovilizado, siempre que el importe total se destine a la amortización de préstamos concedidos por Puertos del Estado o por entidades oficiales de crédito para financiar inversiones en elementos del inmovilizado relacionadas con su objeto o finalidad específica.

Ni una sola mención en la nota a posibles bonificaciones y/o rebajas por el uso de combustibles alternativos, como por ejemplo el GNL, y a energía limpia, como reclaman algunas autoridades portuarias, además de las empresas navieras que apuestan por sistema alternativos.

Cifra de negocio superior a los 1.000 millones

En cuanto a las principales magnitudes económicas, Llorca facilitó la cifra de negocio prevista del sistema portuario consolidado que ascenderá a 1.089 millones de euros, un 3,3% inferior al obtenido en 2017 (1.126 millones) por el impacto de las bonificaciones. Descontados los gastos de explotación, los beneficios de explotación presupuestados ascenderán a 204 millones. Estas cifras se conseguirán gracias al incremento de los tráficos portuarios que podrían alcanzar un máximo histórico, superando los 565 millones de toneladas de tráfico total portuario.

Respecto el endeudamiento consolidado a corto y a largo plazo se ha pasado de los 1.851 millones de 2016 a 1.747 millones al cierre de 2017. “Estimamos –declaró Llorca- que a cierre de 2018, el endeudamiento total con entidades financieras ascienda a 1.681 millones, lo cual supondrá una reducción del 3,8% respecto a 2017”. Recordar que a finales de 2011 el endeudamiento ascendía a 2.659 millones, por lo que la reducción producida en el período se situará muy cerca de los 1.000 millones de euros.

Por su parte, los gastos de explotación ascenderán a 1.035 millones, de los que el 44% (452 millones) corresponden a amortizaciones, el 26% (274 millones) a gastos de personal y el 30% (310 millones) a otros gastos de explotación.

Más inversión, pero Fomento decide

Las inversiones, según explicó Llorca, se han ajustado a los criterios fijados por el Ministerio de Fomento, adaptando a la demanda las obras marítimas (el mismo ministerio que opina que líneas de AVE deficitarias sean prioritarias al transporte ferroportuario y a los corredores de mercancías), y “primando las infraestructuras de accesibilidad viaria y ferroviaria y mejora de las redes generales de transporte de mercancías, con el objetivo común de favorecer las condiciones competitivas del tráfico de mercancías a través de nuestros puertos”, señalaba. Así, en 2018, las actividades de inversión supondrán, de aprobarse los PGE, 803 millones, lo que representaría un incremento del 127% sobre la cifra de ejecución real del ejercicio 2017 (354 millones).

Llorca quiso otorgar relevancia al Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria, una herramienta presentada hace un par de años sacada de la manga para que sean las autoridades portuarias bien gestionadas las que sufraguen las obras de accesibilidad en el conjunto de los recintos portuarios, en lugar de que sea el ministerio el que aporte los fondos, como sí hace en el modo ferroviario, aeroportuario o en las carreteras; pero que, al menos, permite a los puertos disponer de infraestructuras básicas para su crecimiento, habida cuenta de la lentitud en la tramitación económica del Gobierno del Estado.

Según Llorca, este fondo, con 97 millones de euros para el ejercicio 2018, asumirá la mayor parte de las inversiones en materia de accesibilidad terrestre portuaria previstas fuera de la zona de servicio de los puertos. Además, las autoridades portuarias invertirán otros 91 millones para actuaciones viarias y ferroviarias en las redes interiores de los puertos a través de los planes de inversión. Dicho de otro modo, las autoridades portuarias pagan toda la fiesta y Puertos del Estado es el que se apunta el tanto.

En cifras globales (aunque no se sabe si reales o no) para el período 2018-2022, los presupuestos contemplan 559,7 millones de contribución del Fondo a una inversión global estimada de más de 900 millones de inversión en actuaciones que se desarrollan fuera de las zonas de servicio de los puertos, bien en actuaciones denominadas de última milla, bien en actuaciones sobre la red general que administrará y explotará ADIF, que también depende del ministerio (al menos de momento).

Por otra parte, Llorca recordó que “el sistema portuario continuará con actuaciones funcionales que han venido siendo tradicionales en su esquema de inversión” (los denominados Fondos de Compensación Interportuarios), si bien representando porcentajes más reducidos en lo que respecta al destino de sus inversiones, precisamente por el protagonismo que ganan las actuaciones relativas a mejora de la accesibilidad antes apuntadas.

El presidente de Puertos del Estado concluyó su intervención recordando la importancia de la inversión privada, cuya aportación se prevé en 1.143 millones en el conjunto de los puertos en 2018, lo que representa un ratio de 1,4 respecto de la inversión pública.

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