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LECCIONES PRÁCTICAS DEL PRESTIGE SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL PODER POLÍTICO EN ESPAÑA

  • Prestige

NAUCHERglobal, Juan Zamora 18/01/2013

Con motivo de la declaración en juicio de Ángel del Real, capitán marítimo de La Coruña en noviembre de 2002 y actual presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol, dejamos constancia escrita del cinismo y la desvergüenza del poder político en España. Del Real se escudaba ante las preguntas comprometidas en que las decisiones no habían sido suyas. Así la decisión de denunciar al capitán del PRESTIGE ante la Guardia Civil, la decisión de alejar el petrolero accidentado hasta el infinito y más allá, y todo lo que se refería al fantasioso e ilegal Organismo Rector, del que resulta imposible saber su autoría.

Otras veces se plantaba en la soberbia de la impunidad. Por ejemplo: Yo decidí que fuera Díaz Regueiro al PRESTIGE para poner en marcha la máquina del buque, y si alguien no está de acuerdo con esa decisión, pues allá él. ¿Ordenar al buque alejarse a 240 millas? Naturalmente, eso fue un contrato y nada tuvo que ver con el retraso en llegar a bordo de los salvadores profesionales.

Esa misma actitud de impunidad autoritaria, de sacarse los problemas de encima atribuyendo las decisiones al Organismo Rector (insisto, un invento que nada tiene que ver con lo prescrito en el Plan Nacional de Contingencias por contaminación marina accidental, PNC), o a unos ambiguos y difuminados técnicos, o a cualquier otro del que se pueda colgar el muerto; esa misma actitud de yo no he sido, yo no era competente, yo no sé nada, yo de esto no entiendo y yo no estaba allí para eso, pero multiplicada hasta extremos delirantes, volvimos a verla ayer durante la declaración de Arsenio Fernández Mesa, delegado del Gobierno en Galicia en noviembre de 2002.

Fernández Mesa repitió una y otra vez, cualquiera fuera la pregunta, que él de barcos, petróleo y navegación “no sabe absolutamente nada” y por tanto él no tomó ninguna decisión, ni es responsable de lo que declaraba antes los medios de comunicación, ni tomó ninguna decisión, ninguna en absoluto. Él carecía, insistió en varias ocasiones, de “autoritas y de potestas”. Él, como le dejó caer el abogado Martin, de Nunca Mais, no era más que el anfitrión que se limita a poner la casa. O sea, la máxima autoridad política que, en Galicia, gestionó la catástrofe del PRESTIGE, no era en el fondo más que el mayordomo ciego, sordo y mudo que está allí en la misma función que el florero en el recibidor de una vivienda.

¿Estado del barco el día 13? Chatarra, responde el señor Fernández. ¿Por qué dice chatarra?, le repreguntan. Respuesta: es lo que me decían, yo de eso no sé nada. ¿Alejar el buque hasta que se hunda? Respuesta: yo de eso no entiendo, era competencia de la autoridad marítima nacional, la mejor autoridad marítima nacional de España y del mundo, de la que yo, añade ufano el señor Fernández, no puedo dudar ni debo entremeterme en sus decisiones. ¿Detener al capitán del PRESTIGE? Yo no tomé esa decisión, la tomó la autoridad competente en la materia, bien tomada, pues el capitán no obedecía. ¿Cómo desobedeció el capitán Mangouras? Yo de eso no sé, no entiendo, yo lo que me decían los funcionarios de Marina Mercante, y los helicópteros y los remolcadores, ellos eran los que sabían. ¿Y estuvo la Guardia Civil preparada para asaltar el buque y detener al capitán, como demuestran varios documentos oficiales? A mí no me consta, yo de eso no me acuerdo, responde el testigo.

Y así ad nauseam. El gran Fernández Mesa, gran delegado del Gobierno en Galicia y hoy director general de la Guardia Civil, siempre pulcro y bien engominado, no era al fin más que el jardinero fiel de quienes sabían, entendían y tomaban decisiones. Un mayordomo o anfitrión carísimo, autoritario como todos los incompetentes. Un irresponsable que nos permite entender parte de la desgracia de este país.

¿Quién tomó las decisiones que causaron la catástrofe del PRESTIGE? López Sors, ex director general de Marina Mercante, se escudó en su día en el Organismo Rector. Y lo mismo hizo el subdirector general, Manuel Nogueira, cuando le preguntaban sobre las decisiones claves del siniestro: quién decidió alejar el buque, convirtiendo un accidente en una catástrofe; quién decidió la canallada de detener al capitán Mangouras para que sirviera de chivo expiatorio de la incompetencia de las autoridades; y quién dirigió la gestión del siniestro entre los días 13 y 19 de noviembre de 2002. La respuesta era siempre la misma: eso era cosa del Organismo Rector (OR), un órgano colegiado y decisorio, obviamente, a decir de Nogueira y de López Sors.

Pero ahora resulta que según la máxima autoridad política en la zona, el OR no era un órgano colegiado, ni un órgano directivo, ni allí se discutía ni decidía nada. El OR era una reunión abierta, tipo camarote de los Marx, donde nada se discutía ni se organizaba ni, desde luego, se decidía. Allí se iba ya con las decisiones puestas, cada uno las suyas, las que caían en sus competencias, según la declaración de Fernández Mesa.

Ese OR, al que a veces Fernández Mesa llamaba Centro de Coordinación de Operaciones (CECOP) y Gabinete de Crisis, nada tiene que ver con la ley. El apartado e) del punto 1.6.1 del PNC establece un OR formado por dos personas, el delegado del Gobierno y el director del Plan Territorial de Contingencias (autonómico), en el caso y sólo en el caso de que estén activados conjuntamente el Plan Nacional y un Plan Territorial. Es decir, en el caso PRESTIGE, no debió constituirse organismo rector alguno, de acuerdo con la norma, pues Galicia no tenía aprobado su Plan Territorial. En todo caso, el supuesto Organismo Rector que se creó a las 05.00 horas del día 14 de noviembre (hay otro que se creó a las 16.00 del día 13, en Madrid),  no es el que prevé el plan nacional de contingencias, formado sólo por dos personas.

Sin embargo, Fernández Mesa enfatizó varias veces que ellos cumplían la ley, y hacían lo mejor por España y los funcionarios eran profesionales inmejorables y el director general López Sors, un tipo abnegado y competente. En fin que no hay forma de saber cómo se convirtió un accidente en una catástrofe. Porque, la verdad, lo del buque chatarra y la falacia de que Mangouras desobedeció al Gobierno y esa desobediencia agravó el desastre ya no se la cree ni el señor Fernández Mesa, con quien en el Congreso de los Diputados, en el marco de la subcomisión de investigación del Prestige, estuve discutiendo largo rato pues todavía en 2006 el diputado defendía con fatigosa vehemencia que Mangouras había desafiado al Gobierno español (“Yo sólo defiendo órdenes de mi armador…”), cuando la evidencia de la grabación que todos pudimos escuchar no dejaba lugar a dudas: “El remolcador obedece órdenes del armador, no mías…”. Pero el diputado Fernández Mesa no escuchaba, o no entendía el idioma inglés, o su preparación para acceder a un puesto de oficial de segunda administrativo del puerto de Ferrol, grupo D, una de las categorías más bajas dentro de la Administración, no le alcanzaba para más, y se negaba a aceptar la verdad de los hechos: el capitán Mangouras nunca desobedeció la orden de tomar remolque.

Pero así es el poder político en España. Si los hechos no encajan con la versión que complace a los políticos a fin de salvar su responsabilidad por tantos desastres y tantos desmanes, se retuerce la verdad, se falsean los hechos, se echan balones fuera y se escoge un chivo expiatorio sobre quien descargar toda la culpa. Y si algo falla, pues se recurre a un espurio Organismo Rector, un chicle que toma la forma que queramos y sirve para tapar cualquier agujero, un camarote de los Marx dónde nadie sabe lo que hace allí y para qué ha ido. Un chollo.

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