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LA ÚLTIMA SENTENCIA DE LA GUERRA JUDICIAL INTERMINABLE SOBRE EL NAUFRAGIO DEL 'PRESTIGE'

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NAUCHERglobal, Juan Zamora 21/12/2018

Comunicó ayer el Poder Judicial que la Sala Segunda del Tribunal Supremo, “ha dictado la sentencia definitiva sobre la responsabilidad civil derivada de la catástrofe del ‘Prestige’, que fija indemnizaciones por importe superior a los 1.500 millones de euros, que deben repartirse entre el Estado español -como principal perjudicado-, el francés, la Xunta de Galicia y otros 269 afectados por el vertido que son particulares, empresas, mancomunidades, ayuntamientos y sociedades”. La noticia, por mor de la vorágine de estos tiempos preconizados y previstos por aquel personaje cruel, inteligente y ridículo de la Alemania nazi llamado Joseph Goebbels (“Una noticia repetida mil veces se convierte en verdad aunque sea mentira”), no ha tenido gran repercusión.

La Sentencia del Supremo es de relativa importancia. Escasa importancia. Se limita a incidir en una serie de extremos muy técnicos y debatibles, la cuantificación de intereses y pretensiones, y en lo esencial confirma la Sentencia de la Audiencia de A Coruña. Desde el punto de vista jurídico resulta relevante que el tribunal reconozca que los Fondos (el de 1992 y el complementario) de indemnización por daños de contaminación por hidrocarburos, el/los FIDAC, no responde de los daños medioambientales y morales porque así lo establece el Convenio Internacional del Fondo (1992 y Protocolo de 2003). Bueno es que se respete el Derecho internacional marítimo.

Lo realmente significativo de la Sentencia es que llega a tiempo, just-in-time, antes de marzo de 2019, la fecha prevista para que el Reino Unido abandone la Unión Europea. De manera que concede tiempo a la Abogacía del Estado para iniciar en Londres los trámites de ejecución de la sentencia contra el Club de Protección e Indemnización, The London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited, conocido como London Club, que aseguraba a MARE SHIPPING, propietaria registral del PRESTIGE, hasta un importe de 1.000 millones de dólares; y hacerlo bajo la legislación comunitaria sobre ejecución de sentencias en países miembros de la UE, es decir el Reglamento europeo 44/2001.

Como el Tribunal de Apelación de Inglaterra dictó hace años una resolución contraria a la posibilidad de ejecutar en Reino Unido una sentencia española, que a su juicio vulneraba normas británicas sobre el contrato de seguro, la estrategia del Estado español intenta conseguir que la incompatibilidad entre la sentencia británica y la española se eleve, como cuestión previa, al Tribunal de Justicia Europeo para que éste falle. Y esto sólo se puede conseguir si la acción en Londres se inicia antes del BREXIT, después ni soñar.

Pero, incluso llegando a tiempo, resulta muy dudoso que un tribunal inglés acepte elevar la cuestión a la justicia europea, pues entienden ellos (los tribunales ingleses), de forma concluyente, que la sentencia de la corte británica de justicia prevalece sobre la sentencia española. Como dijimos en un anterior artículo, nos espera una batalla apasionante y seguramente tan costosa y tan inútil como la que planteamos en los Estados Unidos contra la sociedad de clasificación ABS.

Batalla menor, casi marginal, será la de los más de 200 perjudicados gallegos que intentarán como sea que el Estado les indemnice directamente y se ocupe luego de reclamar lo suyo en Londres. Una batalla política más que jurídica, y de resultado incierto, pues ese grupo de perjudicados siguen reclamando, precisamente, porque el Estado determinó en su momento que sus pretensiones no eran de recibo.

Y eso es todo, por ahora, en este matusalén marítimo que, me temo, acabará jubilándonos a todos (incluida la actual directora general de la Abogacía del Estado), antes de vislumbrar su final.

 

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