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LA SEGURIDAD MARÍTIMA HA DE PREVALECER SOBRE EL BENEFICIO ECONÓMICO

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NAUCHERglobal, Ricardo Enebros 21/03/2018

La pugna y a veces el conflicto entre las autoridades portuarias y las autoridades marítimas tiene una larga historia, fruto de la posición diferente en que se hallan una y otra. Las primeras tienen en mente el rendimiento económico, el beneficio; las segundas han de actuar en el marco de valores como la seguridad marítima y la prevención de la contaminación. El caso más claro, paradigmático pudiéramos decir, de esta situación se produjo durante los seis días que duró el siniestro del petrolero SEA EMPRESS (exactamente 148 horas), a la entrada del puerto de Milford Haven Gran Bretaña, del 15 al 21 de febrero de 1996. Mientras la autoridad marítima ordenaba que el buque accidentado permaneciera en la bahía, la autoridad portuaria porfiaba por sacar el buque fuera de las aguas portuarias.

De esa experiencia sacó el gobierno británico la idea de encomendar la decisión de casos semejantes a un experto investido de autoridad indiscutible frente a todas las autoridades, incluidas las locales y regionales, el conocido como SOSREP. Un gran acierto.

En España todavía no hemos afrontado ese conflicto, y se dan casos como el sucedido hace unos días en el puerto de Gran Tarajal, en la isla de Fuerteventura, donde se hundieron varias gabarras, o pontonas, durante el temporal de finales de febrero y principios de marzo. Las pontonas son embarcaciones sin propulsión y no tripuladas -hay excepciones- utilizadas para obras en los puertos. El 26 de febrero la empresa propietaria de esas pontonas, Cargo Lanzarote SL, solicitó a la Capitanía Marítima permiso para fondear las pontonas fuera del puerto durante los días que durara el temporal, permiso denegado por la Capitanía Marítima atendiendo, de forma claramente razonada, a la seguridad marítima y a la prevención de la contaminación. Con amarras insuficientes y sin tripulantes, algunas de esas embarcaciones acabaron hundidas en el puerto por los embates del viento y la mar, con gran disgusto de la autoridad portuaria que ha optado por socavar la posición de la autoridad marítima responsabilizándola de los daños por no haber autorizado el fondeo de las pontonas fuera del puerto. Una actitud sin sentido y contraria al interés general.

Constituye una indecencia que unas autoridades arremetan contra otras en los pasillos y antedespachos ministeriales para dirimir cuestiones de poder, y las más de las veces de soberbia y vanidad, en vez de analizar los hechos sin prejuicios y buscar soluciones satisfactorias para la sociedad. Para nadie es un secreto que el organismo público Puertos del Estado no cesa de arañar y golpear con cualquier pretexto, por fútil y mezquino que sea, a las autoridades marítimas. Unos sólo ven números y resultados económicos; los otros han de evitar los desastres marítimos. No saben o no quieren saber los primeros que un pequeño accidente marítimo nos cuesta más caro que todo el dinero ganado por el celo portuario en varios años. Y es por eso que los países con sistemas políticos más perfeccionados, hablemos del Reino Unido, Holanda y Dinamarca, sin ir más lejos, han optado desde hace muchos años por reforzar a las autoridades marítimas. Por simple y pura eficiencia.

 

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