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LA JUSTICIA INGLESA BLINDA LA OBLIGACION INDEMNIZATORIA DEL SEGURO DEL ARMADOR DEL 'PRESTIGE'

  • Derecho marítimo
  • Prestige

NAUCHERglobal, Ricardo Enebros 21/12/2013

A fin de guarecerse de eventuales demandas de responsabilidad civil por los daños de contaminación causados por el PRESTIGE, el asegurador de dicha responsabilidad, el club de protección e indemnización (P&I Club), London Steamship Owners Mutual Insurance Association Limited, instó un arbitraje en Londres que declarara que sólo respondería, como máximo, por todos los conceptos, de acuerdo con el contrato de seguro establecido con la armadora del buque, Mare Shipping.

El propósito del London Club era conseguir una declaración arbitral/jurisdiccional que le pusiera a resguardo de posibles pretensiones de los estados francés y español. El primero solicita 67 millones de Euros por los daños de contaminación soportados por sus costas. España por su parte, de acuerdo con el cálculo del fiscal en el proceso penal recientemente sentenciado, cálculo al que se adhirió la abogacía del estado, solicita 4.300 milloners de euros. 

El laudo arbitral acogió la pretensión del London Club y declaró que la eventual responsabilidad de éste había de ceñirse, como máximo, a la cantidad de mil millones de dólares USA contemplados en el contrato de seguro como cantidad límite indemnizable por todos los conceptos, rechazando la argumentación de España y Francia de desligar la indemnización del contrato.

Posteriormente, con fecha 22 de octubre, el London Club consiguió una sentencia judicial que ratifica, con fuerza jurisdiccional, lo decidido por el arbitraje. Aunque El reino de España ha recurrido esta sentencia, las posibilidades de que prospere la apelación son remotas. Adjunto, en formato pdf, el lector interesado puede acceder a las 47 páginas de la sentencia. Recomiendo reparar en dos hechos que se desprenden de su texto. El primero, la abismal diferencia de prosa y lógica jurídica entre esta sentencia y, por ejemplo, la sentencia del tribunal de La Coruña en el proceso penal sobre el PRESTIGE. En segundo lugar, la enorme distancia en términos de conocimiento del derecho aplicable al caso entre el experto seleccionado por el gobierno español y el doctor Ruiz Soroa. El experto por España era un profesor entendido al parecer en derecho medioambiental, cuando el litigio exigía conocimientos y expetise en derecho marítimo y sobre seguros.

En todo caso, si a esta sentencia añadimos los atinados comentarios del profesor Gabaldón sobre el juego del convenio de limitación de responsabilidad por daños de contaminación por hidrocarburos (CLC), concluiremos que las instancias gubernativas de España nos siguen tomando el pelo cuando justifican sus inexplicables recursos y acciones judiciales por la necesidad de recuperar el dinero gastado en indemnizar y reparasr los daños causados al medio ambiente marino. Ellos saben perfectamente que esa es una puerta cerrrada, de modo que sería de agradecer menos mentiras y más cordura.

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