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LA BATALLA JURÍDICA, POLÍTICA Y ECONÓMICA RESPECTO AL INTERÉS GENERAL

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  • Puertos

DANIEL MOLERO 24/07/2018

Blog: "Viento de Tramontana"

¿Puede una infraestructura ser gestionada desde la proximidad (Comunidad Autónoma, mancomunidad o diputación provincial, municipio…) sin eximirla de tener el rótulo "de Interés General del Estado" y que sea el Ministerio de Fomento quien lo haga? Se trata de una vieja batalla político-jurídica-económica que, según cómo se interprete la actual legislación puede dar pie a diferentes modos de ver las cosas. La respuesta, en todo caso, es incierta. Convergen intereses de todo tipo.

Todo este asunto ha tomado, de nuevo, relevancia cuando, antes del cambio de gobierno en España, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el Partido Popular (PP) pactaron los presupuestos generales con condicionantes. Uno de ellos es que desde País Vasco creen que la gestión de los puertos de interés general del territorio autonómico (Pasajes y Bilbao) pueden ser susceptibles de ser gestionados desde la Lehendakaritza sin que ello signifique que dejen de ser básicos para la red del Estado… y empezando por el enclave guipuzcoano. Y cabe recordar que el Partido Socialista se comprometió a atender unos presupuestos no preparados por su Gobierno, sino por el de sus predecesores.

Así, y ante el cambio del ejecutivo y los nuevos actores que han entrado en Moncloa, parece que la promesa de estudiar el asunto se haya enfriado. Desde Fomento, el pasado viernes mostraron cautela y apuntaron a la opción de remitir a la Comisión Bilateral de Asuntos Territoriales la petición de desclasificación del puerto de Pasajes. Sin más por el momento. Es esta comisión donde se debe estudiar qué viabilidad tiene contemplar la petición del Gobierno vasco. De todos es conocido que el funcionamiento de este tipo de comisiones es tedioso y, hasta cierto punto, lento.

Sin embargo, en la propia nota remitida por el ministerio que encabeza Ábalos, se daba un atisbo de esperanza: "Conviene precisar que la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante establece que los puertos comerciales que mueven tráficos de importación y exportación se clasifican como puertos de interés general del Estado". La propia Ley no refleja en ningún punto de su articulado que la gestión de un puerto concreto no pueda llevarse desde la Comunidad Autónoma, aún formando parte de Puertos del Estado.

De hecho, además de los 46 puertos de interés general, existen en el litoral español varias decenas de puertos “controlados” desde las Autonomías que también se dedican, en algunos casos, al comercio exterior de mercancías y que fueron transferidos a principios de los años ochenta. Si bien, la mayoría de estos son dársenas pesqueras y/o deportivas; también hay algunos industriales y comerciales.

En el caso vasco, por ejemplo, descontando Bilbao y Pasajes, son 15 las instalaciones que dependen de la red autonómica. Lo mismo pasa con Ports de la Generalitat, Portos de Galicia, Puertos de Andalucía, etc.

Cabe recordar que, además, hay alguno de estos enclaves que pertenecen jurídicamente a las redes autonómicas que tienen igual o mayor movimiento de import/export que alguno de los más pequeños de la red dependiente del Estado. Siguiendo el planteamiento del Ministerio de Fomento en su comunicado, ¿por qué no se puede transferir a la gestión autonómica de alguno de los 46 puertos de interés general del Estado, sino de todos ellos?

Aquí es donde la respuesta no es clara: por una parte, el ceder a las Autonomías puertos de la actual red general supondría un merma en el poder central que ostenta Puertos del Estado. Por otro lado, entrando en el terreno de la hipótesis, si País Vasco logra la cesión de Pasajes, ¿por qué no Bilbao? Y tras Bilbao… ¿alguien cree que Catalunya, Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias… no reclamarían para sí la gestión de los puertos de interés general que tocan su litoral?

Al fin y al cabo, todo se reduce a la supremacía económica: Puertos del Estado, como organismo dependiente de Fomento, actúa en muchos casos como recaudador (en base a las tarifas marcadas por los presupuestos generales) y deja poco margen de maniobra a las grandes instalaciones para activar su actividad comercial internacional.

Los grandes puertos del entorno europeo tienen otro modelo, igual o mejor pero, en cualquier caso, descentralizado. La otra opción es la apuntada por las grandes empresas cotizadas: disminuir el número de autoridades portuarias de forma drástica y diversificar los tráficos, atendiendo a las capacidades de cada puerto y de su respectivo hinterland.

Algunos expertos ya hace años que hablan de suprimir Puertos del Estado en su papel actual y crear territorios marítimo-portuarios por fachadas, en las que se puedan incluir los puertos de las redes autonómicas. El motivo es claro: de las 28 autoridades portuarias pertenecientes a la red pública estatal tan sólo unos privilegiados dan beneficios económicos, mientras otros arrastran pérdidas y, a través de los fondos de compensación interportuarios, deben ser rescatados año a año, por los primeros. Es una sangría.

Por eso y aunque pueda presentar lentitud, la comisión bilateral que debe hablar de una posible cesión del puerto de Pasajes es sumamente importante para el futuro del conjunto del sistema estatal. De los resultados que se produzcan de la reunión dependerá también el futuro de Puertos del Estado y un eventual cambio de modelo… algo que cabe recordar, demandará Bruselas a partir de primavera de 2019, cuando presente su plan liberalizador de los puertos comunitarios.

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