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EL 'TOP MANTA' EN EL PUERTO: COMPETENCIAS E INCOMPETENCIAS

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NAUCHERglobal, Daniel Molero 27/10/2015

Legiones de manteros se han “apropiado” de forma ilegal y desde hace varias semanas de una de las zonas con mayor afluencia de turistas de Barcelona: el área del Port Vell. Decenas de miles de personas visitan a diario los muelles de España, Barcelona o el barrio de la Barceloneta y los manteros hacen negocio a su costa y con casi total impunidad por parte de las Administraciones que deberían controlarlos: la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB), como gestora de los terrenos, y el Ayuntamiento de Barcelona, al ser zonas convenidas con los primeros y pertenecientes al denominado puerto-ciudad.

La policía portuaria, se trata de un cuerpo de carácter administrativo y, como tal, tiene ciertas limitaciones, por lo que ante la perspectiva de que puedan sucederse situaciones violentas necesita de la participación de otros cuerpos policiales. En este sentido, en el año 2007, APB y ayuntamiento rubricaron un convenio –renovado en 2014- que regula la coordinación entre el cuerpo de guardamuelles y la guardia urbana de Barcelona, el reparto de espacios para realizar patrullaje preventivo, así como mecanismos de apoyo mutuo.

Es aquí donde entran las disputas entre las administraciones: desde el puerto han explicado que la guardia urbana está incumpliendo el renovado convenio desde el pasado mes de agosto –cuando los manteros se desplazaron en masa al área de su titularidad-, un punto que niegan desde el consistorio: “no es cierto que el convenio se esté incumplimiento, de hecho hasta el mes de octubre la guardia urbana ha realizado 611 actuaciones en el puerto en el marco del convenio”, se defienden.

Lo cierto, sin embargo, es que las decenas de vendedores ilegales que se instalan día sí y día también en las cercanías de la estatua de Colón, el Portal de la Pau (antigua sede de la Autoridad Portuaria de Barcelona) y en la pasarela de acceso al Maremágnum se está convirtiendo en un problema de orden público, con molestias tanto para la ciudadanía como para los turistas y, ante la falta de acuerdo con el ayuntamiento, desde la autoridad portuaria han ido por otra vía: contactar con el departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya para que sea el cuerpo de los Mossos d’Esquadra, los que se hagan cargo, junto a la policía portuaria, de esta extravagante situación. No obstante, las actuaciones realizadas hasta el momento no han sido suficientes.

El escenario se ha visto, además, agravado en las últimas semanas, por las redadas de la guardia urbana en otros puntos turísticos de la ciudad (las Ramblas, plaza de Catalunya, Paseo de Gracia…) que ha hecho que los ilegales se desplacen en masa a un territorio que no gestiona directamente el gobierno municipal.

Desde el ayuntamiento, por su parte, se defienden explicando que “el abordaje de la venta ambulante en la zona del puerto debe enmarcarse en un convenio específico que implique al resto de cuerpos policiales que tienen competencia en este ámbito” y que no se trata de “fenómeno que afecte únicamente a las competencias de guardia urbana”.

Para la administración municipal “la venta ambulante es una circunstancia lo suficientemente compleja como para hacer un convenio específico donde participen el resto de administraciones. Tanto por el volumen de vendedores, como por la distribución competencial, este dispositivo debe hacerse suficientemente planificado y dimensionado, aspectos que por cierto, ya están marcados en la orden de servicio de la guardia urbana en materia de venta ambulante”, han explicado.

A la vista de estos hechos, son muchas las voces que se preguntan de quién es la competencia y quién está siendo incompetente. Los delitos que se les puede imputar a los manteros son lo suficientemente graves como para acabar de manera rápida y eficiente con esta lacra: venta ilegal, falsificación de productos, delitos contra la propiedad intelectual, de ocupación ilegal de espacio público, competencia desleal, blanqueo de capitales y un largo etcétera, a los que se les debe añadir la inseguridad ciudadana y los robos, hurtos o situaciones violentas que producen estos vendedores ilegales (la mayor parte de los cuales carece también de permiso de residencia).

Convendría un acuerdo rápido entre las diferentes administraciones implicadas para paliar este problema de una vez por todas, sin intervención del politiqueo que, muchas veces, enrarece el ambiente entre instituciones públicas de diferentes colores en perjuicio de los ciudadanos y de los turistas en una de las ciudades con más visitantes del mundo.

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