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EL MEDIADOR QUE SE LAVA LAS MANOS, EL GOBIERNO EN JAQUE Y LAS DUDAS PERSONALES DE BULC

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DANIEL MOLERO 31/03/2017

Blog: "Viento de Tramontana"

El Ministerio de Fomento tenía prisa ayer por dar su beneplácito a las 16 páginas del texto del mediador Marcos Peña y esperar la respuesta de sindicatos y patronal. El presidente del Consejo Económico y Social que, cabe recordar que es un alto órgano consultivo del Gobierno, nombrado por el propio ejecutivo central, señala en su intervención varias claves que son interesantes a la hora de establecer diálogo, pero poco más.

Así, en el texto (adjunto a este artículo) se lava las manos y dice que él actúa como mediador, no como negociador. Nada nuevo. Para el presidente del CES se han producido avances por las tres partes implicadas y se debe desatascar la situación en base a tres claves: el mantenimiento de los empleos, la mejora de la productividad y las ayudas al sector. Recuerda el texto que la Sentencia del TJUE permite fórmulas de agrupación como las actuales Sagep y los Centros Portuarios de Empleo. No obstante, se equivoca el mediador poniendo como referencia un Real Decreto que fue desacreditado por el Congreso de los Diputados.

Se vuelve a lavar las manos Peña cuando señala que "no es tarea del Mediador la interpretación del acervo comunitario, ni de sus normas de trasposición nacionales". No obstante, recuerda que en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea se regulan cuestiones laborales como el "mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspaso de empresas o despidos colectivos"... es decir, que Peña abogaría porque desde Bruselas se apoya la subrogación tan demandada por la parte sindical... sin decirlo claramente.

Cabe señalar el segundo punto de la intervención de mediación propiamente dicha: "Teniendo en cuenta tanto el alcance jurídico de la sentencia del TJUE, limitado a la no obligación de inscripción de las empresas en la Sagep y a la no obligación de contratación prioritaria de trabajadores puestos a disposición por éstas, como el esquema de organización de la actividad empresarial contenido en el derogado Real Decreto-Ley, la nueva normativa –en la forma jurídica que el Gobierno considere suficiente- configurará una situación de continuidad a la actividad empresarial de puesta a disposición de trabajadores portuarios”. Dicho de otro modo, el mediador Peña invita al Gobierno a proponer una fórmula –que aún no han ofrecido- para que la tarea de los estibadores esté regulada en la legislación española. Lo raro es que el Ministerio de Fomento esté de acuerdo.

Se podría decir que Marcos Peña apuesta por el registro profesional de los trabajadores portuarios, un punto ahora olvidado, pero que era clave en el inicio de las negociaciones por parte de la parte sindical.

Apela también Peña al cumplimiento del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores dentro del marco de la negociación colectiva, tal como pretende el Gobierno. Un punto que sin duda enervará a sindicatos y patronal por cuanto su propuesta conjunta ponía de relieve la necesidad de trasladarla a texto legal. Recordar que el citado artículo 44 dice en su primer apartado: “El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en los términos previstos en su normativa específica, y, en general, cuantas obligaciones en materia de protección social complementaria hubiere adquirido el cedente”.

Pese a disponer hasta el día 4 de abril para dar respuesta, el Gobierno anunciaba, además, que estaría dispuesto a elaborar un reglamento para incluir el contenido de la mediación. Sin embargo no dice en qué términos legales pretende incluir la subrogación en la normativa legal. Vamos, lo que lleva haciendo desde hace cerca de dos meses.

En este punto, el Gobierno se apresuraba ayer con un comunicado en el que señala que “ha aceptado la misma y, aunque no es la propuesta realizada por el Ejecutivo, se asume el documento, como solicita el mediador".

Las “dudas” de la comisaria Bulc a título personal sí que sirven

Sí se permite el Gobierno criticar abiertamente el pacto de patronal y sindicatos por cuanto "la subrogación por ley de los trabajadores no es posible, tal y como ha quedado demostrado con el escrito de la comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc". Ayer algunos medios hablaban de que la propuesta, según Bulc, infringiría el Tratado de la UE. Algunos compañeros, en Madrid, deberían asistir a clases de inglés. La carta no dice eso.

Y volvía a engañar el Ejecutivo: ayer mediante sus voceros oficiosos dentro de la prensa generalista y también la especializada (a los que religiosamente premia con contratos de decenas de miles de euros en publicidad), se disponía de la carta remitida a título personal por la política eslovena al ministro De la Serna. En ella, Bulc viene a señalar que una subrogación impuesta de los estibadores suscitaría dudas en la compatibilidad con las leyes de la propia Unión Europea, en particular con el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la libertad de establecimiento. Pero en ningún caso decía que lo infringiera.

Estas “dudas” son, para el Gobierno, la razón de no querer incluir la subrogación en el decreto. Recordar también que Bulc firmaba la carta a título personal, lejos de su cargo como comisaria. El Ministerio de Fomento criticó la semana pasada que la presidenta de la Comisión de Transporte y Turismo del Parlamento Europeo, Karima Delli, ésta sí haciendo uso de su cargo en la Eurocámara, remitiera una carta al propio De la Serna emplazando al Gobierno a incluir la subrogación en la Ley. ¿Bulc a título personal sí que sirve y Delli, con membrete del Europarlamento, no?

Sin embargo, además de dar valor a una carta enviada a nivel personal y no oficial por parte de Violeta Bulc, el Ministerio de Fomento no tenía suficiente y volvió a cargar ayer contra el principio de acuerdo entre la parte social. Lo hizo nuevamente a través del miedo.

Así, según su comunicado, "La asunción por parte de la Administración General del Estado de la diferencia salarial entre un trabajador nuevo y un trabajador subrogado y las jubilaciones anticipadas prolongadas en el tiempo hasta el dimensionamiento óptimo de la plantilla, contenidas en la propuesta de patronal y sindicatos, tendrían un coste inasumible para el erario público, según la valoración realizada, de 2.415 millones de euros, lo que supondría una enorme discriminación con respecto al resto de trabajadores de este país”. Antes de dar cifras a lo loco, deberían estudiar mejor la propuesta y, en caso de querer dar cifras, explicar con pelos y señales de dónde saca esos 2.415 millones.

Recordar que en la propuesta de acuerdo entre Anesco y trabajadores las autoridades portuarias o directamente desde Puertos del Estado, deberían de ser las que adopten las medidas para compensar los costes laborales derivados de la subrogación del personal compensando el diferencial de los costes del colectivo sobre los de nueva contratación, como ya señaló NAUCHERglobal a principios de semana. Uno se pregunta por la independencia financiera de las autoridades portuarias de las que tanta gala hace el ejecutivo central: ¿Son autosuficientes o no lo son? ¿Y Puertos del Estado? Decir que el erario público se debe hacer cargo de una cifra –posiblemente inventada- es intentar crear caos y confusión.

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