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CORRUPCIÓN POR SISTEMA: EL CASO PARADIGMÁTICO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

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NAUCHERglobal, Juan Zamora 09/08/2016

El juez Antoni Rotger, con sede en Palma de Mallorca, dictó hace unos días un auto luminoso y demoledor. La Autoridad Portuaria de Baleares (APBal), bajo la era del director que parecía sempiterno, Angel Matías, y la cobardía e incompetencia de los sucesivos políticos del Partido Popular y del Partido Socialista que ocuparon la presidencia del organismo público, fue una verdadera cueva de ladrones donde literalmente imperaba una “corrupción sistémica”. La APBal gestiona los puertos de Baleares calificados de interés general, uno por isla: Palma de Mallorca, Mahón, Ibiza, y Formentera.

El auto del juez Rotger, que cierra la instrucción del llamado caso mar blau, acusa a 13 personas (políticos, funcionarios y empresarios), de siete delitos: alteración de precios en concursos públicos, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal. El caso mar blau, afirma el juez, representa una ínfima parte de los delitos que se cometieron en los puertos de Baleares durante un periodo que arranca en torno a 1998 y llega hasta hoy. Corrupción sistémica, una situación de abusos y violaciones continuas de la ley que se inserta, como un ejemplo más, en el espantoso paisaje político español, trincón, pervertido y dominado por una elite empresarial que vive de los favores de los presupuestos públicos.

El Club Marítimo de Mahón (CMM), Menorca, gozaba de la concesión de un espacio portuario dedicado a amarres para barcos de recreo. En el año 2005, finalizado el plazo concesional, el director de la APBal comunica al CMM que la renovación de la concesión no será automática y que se decidirá por concurso público. Al concurso consta que se presentó el Club concesionario y una de las muchas empresas fantasma, Trapsa Yates, de quien fuera presidente de la gran patronal española, Gerardo Díaz Ferrán, especialista en negocios espurios basados en favores políticos. A punto de resolverse el concurso, el presidente de la APBal, Joan Verger, del Partido Popular, convoca al presidente del CMM, Luís Barca, a una reunión a la que también asistirían los directivos de Trapsa. Luis Barca no se fía y graba la reunión.

Una grabación explosiva. El presidente de la APBal y el director Angel Matías, el poder portuario de Baleares, avisan al presidente del CMM de que el concurso lo ha ganado Trapsa, pero que el tema se puede negociar porque en el fondo la empresa de Díaz Ferrán, años después condenado a prisión por robos múltiples, pero entonces jefe de los empresarios, no está interesada en los amarres de Mahón, sino en los de Ibiza, que están a punto de salir a concurso. De modo que Joan Verger propone a Luis Barca un arreglo mafioso: que el CMM firme un contrato con una empresa pantalla del conglomerado Díaz Ferrán por el cual el Club pagaría el dinero gastado por Trapsa en la preparación del concurso (se habla de 13.000 euros; pero otras fuentes elevan tal cantidad a 45.000), y además le cedería tres amarres de gran eslora (de entre 27 y 50 metros), valorados en 4,5 millones de euros. Para simular una contrapartida, la empresa pantalla se comprometía a realizar unos informes que, como es natural, jamás llegaron a escribirse.

A cambio del dinero y los amarres, Trapsa, se retiraría del concurso menorquín, permitiendo que la concesión le fuera otorgada al CMM. La guinda del trato mafioso -por si quedara alguna duda sobre la calaña de los gestores de los puertos de Baleares- fue el compromiso de la APBal de fallar a favor de Trapsa el próximo concurso de los amarres en el puerto de Ibiza, un pastel mucho más lucrativo que los amarres de Mahón. 

Estaba todo atado y bien atado, pero la codicia rompió el saco. Una vez entregados a Trapsa los amarres de Ibiza, el delincuente Díaz Ferrán -insisto: presidente entonces de la gran patronal española- convocó a una reunión al presidente del CMM, que Luis Barca volvió a tener la feliz idea de grabar. El logrero que representaba a los empresarios españoles no se andó por las ramas: el dinero y los amarres pactados no le parecían botín suficiente, quería más, mucho más. Entonces, el presidente del Club Marítimo de Mahón, harto de tanto hideputa y de tanta hediondez, entregó las grabaciones a la fiscalía. Allí trabajaba el fiscal Horrach, un buen fiscal pese a lo que pueda decir la señora Cristina Borbón. El 15 de diciembre de 2010, la policía realizó un espectacular registro de los despachos de la Autoridad Portuaria de Baleares, cuyo resultado fue una montaña de documentación incautada. Del análisis de esos documentos infiere el juez Rotger que allí se practicaba una corrupción sistémica.

Un dato necesario para completar la historia. En 2007, el Gobierno del señor Rodríguez, más conocido como Zapatero, a instancias del Gobierno balear que presidía el señor Antich, dizque socialista, nombró a Francesc Triay como presidente de la APBal en sustitución del señor Verger. Francesc Triay es un ejemplo cabal de lagarto político, apto igual para un cosido que para un fregado, eso que en lenguaje sumiso diríamos un político de largo recorrido: diputado en varias legislaturas, secretario del partido a niveles con mando, conseller, candidato a la presidencia de Baleares, y entre 1999 y 2003 presidente de la APBal. O sea que en 2007 repetía. Consta que Joan Verger y el director Angelito Matías -un buitre de la corrupción, encausado en otros sumarios- informaron a Triay, al fin y al cabo uno de los nuestros, un goodfella, del arreglo con el capo Díaz Ferrán. Y el socialista Triay dijo amén y asumió el ajuste y, de perdidos al río, se arremangó para que saliera bien lo convenido al margen de la ley. Como escribe el juez Rotger, el señor Triay participó activamente y de forma determinante en la trama originalmente urdida por el popular Verger y el imprescindible director, 20 años en el cargo, Angel Matías.   

¿Qué y cuánto sacaban Verger y Matias del obsceno pelotazo de Trapsa? ¿Qué razones, en qué cantidad, impulsaron a Francesc Triay a comerse al marrón? ¿Por qué Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, ya fallecido, pensaron que podían extorsionar todavía más al Club Marítimo de Mahón? ¿Por qué callaron durante años los trabajadores de la APBal que forzosamente habían de tener conocimiento de los delitos cometidos por sistema? Y por último, el ente público Puertos del Estado, ¿para qué sirve si ni siquiera es capaz de detectar manejos tan manifiestos y lesivos para el bien común? 

Las respuestas, en cualquiera de sus posibilidades, nos ofrecerían un cuadro que repetido miles de veces compondría una fotografía de la España actual. Los jueces, como bien sabe el lector, no son suficientes para limpiar tanta suciedad.

 

 

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