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CAMBRA DENUNCIA QUE EXISTE INTENCIONALIDAD POLÍTICA EN EL REGISTRO AL PUERTO

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DANIEL MOLERO 03/02/2017

Blog: "Viento de Tramontana"

El puerto de Barcelona emitió anoche un comunidado en el que su presidente, Sixte Cambra, que sufrió una retención técnica por parte de los agentes judiciales de la Guardia Civil, ha denunciado que existe "intencionalidad política" en las diligencias efectuadas en la sede portuaria.

Hacia las 21:15 horas de la noche, los agentes dieron poor finalizados los registros en las oficinas, en las que contaron con la colaboración del presidente portuario y de su equipo, que facilitaron toda la información exigida.

En palabras de Cambra las actuaciones de ayer "forman parte de una operación programada con una clara intencionalidad política". El presidente del puerto de Barcelona señaló en este sentido que "esta actuación no tiene ningún sentido jurídico dado que los procedimientos de contratación son impecables. No puedo evitar pensar que esta actuación no deriva de mi condición de presidente del Puerto, sino que tiene una finalidad política clara". Cabe recordar que el próximo lunes, día 9 de febrero, se celebra una vista con el ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, en referencia al referéndum realizado en Catalunya el pasado 9 de noviembre.

Es más, el juez de El Vendrell que iniciara el caso habría negado que ordenara efectuar detenciones, según diversos medios, con lo que la responsabilidad de estas diligencias y detenciones recae en la Fiscalía Anticorrupción, que depende del Estado.

Las diligencias efectuadas ayer en el puerto recaen sobre los expedientes de dos obras: las de mejora del dique del Este, fase 4 y la de los nuevos accesos a la ampliación Sur, fase 1B), que se licitaron mediante concursos públicos y de acuerdo con la legislación vigente, respetando todos los requerimientos técnicos y jurídicos. Tiene cierta sorna que Fiscalía haya decidido actuar sobre una obra, la de los accesos a la zona Sur del puerto, que llevan más de una década retrasados, a causa fundamentalmente de la inacción y la falta de presupuesto para acometerla por parte del Gobierno del Estado.

En todo caso, por razón de su importe (ambas obras superaban los 3 millones de euros de adjudicación), las licitaciones fueron objeto de publicidad, tanto comunitaria (a través del Diario Oficial de la Unión Europea -DOUE-) como ordinaria (a través del Boletín Oficial del Estado -BOE-).

Las ofertas presentadas constaban de dos partes: una técnica y otra económica. Las ofertas técnicas fueron analizadas y valoradas por un grupo de cuatro técnicos (dos designados por el puerto de Barcelona y dos más designados por Puertos del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Fomento). La valoración elaborada por este grupo de técnicos fue aprobada por la mesa de contratación, de la que el presidente del puerto nunca forma parte.

Además, una vez aprobada la valoración técnica, se procedió a abrir públicamente las ofertas económicas, a partir de las cuales se determinó de manera automática la puntuación final y, en ambos casos, las adjudicaciones fueron aprobadas por el consejo de administración del puerto de forma unánime.

Tristemente no es la primera vez que temas políticos interactúan con el quehacer diario de las instituciones públicas catalanas previamente o en sintonía con acontecimientos de peso, como pueda ser el juicio al expresidente de la Generalitat y varios de sus exconsellers.

Tampoco deja de ser extraño que la Fiscalía del Estado haya decidido realizar las diligencias un día después a que el propio presidente de la Autoridad Portuaria, junto al director general, presentaran los resultados de movimiento y económicos obtenidos durante el año 2016 que han confirmado al puerto de la capital catalana como el principal nodo de comunicación marítima y máximo aportador económico del conjunto español en materia de transporte.

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