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BRUSELAS VIGILARÁ DE CERCA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA Y LA APLICACIÓN DEL DECRETAZO

  • Entorno marítimo
  • Internacional

DANIEL MOLERO 29/05/2017

Blog: "Viento de Tramontana"

La comisaria europea de Transporte, Violeta Bulc, ha dado orden a sus ejecutivos para vigilar de cerca la aplicación del real decreto ley aprobado por las Cortes hace pocos días. El jueves, día que se reúnen empresas y trabajadores –a cuando, presumiblemente podrían alcanzar un acuerdo-, Bulc estará en España, concretamente en Barcelona.

Esta visita, enmarcada en la conferencia anual de la Asociación Europea de Puertos (ESPO) que se celebra en la capital catalana, permitirá también a la comisaria de Transporte apreciar in situ cómo está el ambiente. Se prevé –aunque no esté confirmado en la agenda de Bulc- que la política eslovena pueda reunirse con representantes del IDC (Internatinal Dockworkers Council, con sede en la Ciudad Condal), y de ITF (International Transport Federation), que estarán presentes en la propia conferencia de puertos).

Además, muy a su pesar, Violeta Bulc no tendrá otro remedio que verse con el presidente de Puertos del Estado, José Llorca. Decimos muy a su pesar porque a la comisaria no le han gustado desde el principio las formas y la soberbia del desaparecido –desde febrero- gestor de OPPE. La conflictividad generada en los últimos meses en los puertos españoles y su ramificación a otras instalaciones europeas han sido, en buena parte, culpa de Llorca. Por su intransigencia.

Desde Bruselas no olvidan lo sucedido en febrero de hace dos años, cuando el presidente de los puertos estatales quiso presentar un decreto a escondidas, para aprobarlo de forma unilateral culpando a la CE de todos los males. Además, altos ejecutivos comunitarios y presidentes de entidades marítimo-portuarias internacionales no han dudado en cargar contra el presidente de Puertos del Estado por querer implementar en España un sistema de gestión de la estiba que se aleja mucho de los requerimientos de la propia sentencia del Tribunal de Luxemburgo.

Por este motivo, desde la Comisión Europea pretenden ejercer de supervisores del cambio de modelo, al menos en el corto plazo, antes de proceder a condonar cualquier sanción al Reino de España (que, recordemos, en la actualidad asciende a más de 23 millones de euros), como ya han hecho en Bélgica.

Las diferencias entre el caso belga y el español son notables pero, fundamentalmente, los estibadores valones y flamencos sí podrán estar registrados profesionalmente, mientras que en España se incumplen los tratados rubricados en la propia OIT (un tema, éste, denunciado en el Parlamento Europeo por parte de Izquierda Unida) y, segundo punto, liberalizados los pools en sus puertos –como reclama el dictamen de la Unión Europea- a sus trabajadores sí se les permite la posibilidad de subrogar sus empleos. Se trata de dos diferencias importantes… pero el Ejecutivo belga sí ha creído desde el primer momento en el diálogo, a diferencia de lo que han hecho sus compañeros españoles en el Gobierno.

El escenario, con la presencia de la comisaria en España, es propicio para que empresas y trabajadores dispongan su acuerdo que haga ver a la alta representante europea el mal que ha provocado el Gobierno español al sector con sus decisiones unilaterales y su alergia a reunirse con las partes.

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