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BRUSELAS CONDENA A ESPAÑA A PAGAR ‘SÓLO’ 3 MILLONES POR HABER INCUMPLIDO LOS PLAZOS DE LA ESTIBA

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DANIEL MOLERO 13/07/2017

Blog: "Viento de Tramontana"

“Por haber tardado en liberalizar el sector de los servicios portuarios de manipulación de mercancías, España es condenada a pagar una cantidad a tanto alzado de tres millones de euros”. Con este titular, los servicios de prensa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han informado hace escasos minutos de la resolución de la sentencia C-576/13.

Según esta sentencia, el Reino de España incumplía “las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 TFUE, al imponer a las empresas de otros Estados miembros que deseen desarrollar la actividad de manipulación de mercancías en los puertos españoles de interés general tanto la obligación de inscribirse en una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios y, en su caso, de participar en el capital de ésta, por un lado, como la obligación de contratar con carácter prioritario a trabajadores puestos a disposición por dicha Sociedad Anónima, y a un mínimo de tales trabajadores sobre una base permanente, por otro lado”.

Tal como adelantaba NAUCHERglobal este pasado lunes en exclusiva (ver información relacionada), desde Bruselas han presionado a la Curia europea para dejar en simbólica (y acabar condonando a la práctica) la sanción de cerca de 25 millones de euros a España, condenando al Estado a hacerse cargo de una multa simbólica, que bien podría suponer las costas del proceso.

El TSJUE alega entre sus motivos que “considerando que, al término de un plazo establecido en el 20 de septiembre de 2015 (cerca de 890 días más tarde), “España no había adoptado aún las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia de 2014, la Comisión decidió en 2016 interponer un segundo recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia contra el país solicitando la imposición de sanciones pecuniarias”.

Cabe recordar que, inicialmente, la Comisión solicitaba una multa coercitiva por importe de 134.107,2 euros por día de retraso, desde la fecha en que se dictase Sentencia hasta la fecha en que se ejecutase la misma en 2014; y una cantidad –a tanto alzado- cuyo importe resultase de multiplicar la cantidad de 27.552 euros por cada día de retraso desde la fecha en que se dictó la Sentencia de 2014 y la fecha en que se dictase sentencia en el presente asunto o la fecha en que se adoptasen las medidas necesarias para ejecutarla (en el caso de que tales medidas se adoptasen antes).

La votación en el pleno del Congreso del día 12 de mayo adoptó una nueva normativa, que entró en vigor el 14 de mayo con su publicación en el BOE, por la que se modificaba el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías.

En este momento, la Comisión consideró que, al hacerlo, España había adoptado todas las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de 2014. En consecuencia, mantuvo su recurso en cuanto al pago de una cantidad a tanto alzado y al importe de ésta, pero desistió parcialmente de su recurso en lo relativo a la multa coercitiva.

Así, “en su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia declara que, al término del plazo señalado por la Comisión, España no había adoptado las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de 2014”.

En todo caso, “el Tribunal de Justicia considera que, si bien España ha demostrado su buena fe, en particular cooperando estrechamente con la Comisión durante el procedimiento administrativo previo, el incumplimiento que se le imputa persistió durante un período de tiempo significativo, puesto que transcurrieron 29 meses desde que se dictó la sentencia de 11 de diciembre de 2014 hasta que entró en vigor la nueva normativa por la que se adaptaba la legislación nacional a lo dispuesto en dicha Sentencia”. Esta frase significa un profundo tirón de orejas desde la sede comunitaria al Ejecutivo español. Pero sólo queda en eso.

El Tribunal de Justicia estima además que el incumplimiento debe considerarse grave, puesto que afecta a la libertad de establecimiento, que constituye uno de los principios fundamentales del mercado interior.

La Comisión Europea, con esta simbólica sanción, cumple de esta manera con la palabra dado por la comisaria Violeta Bulc a los representantes de los trabajadores en diciembre del pasado año, según la cual desde Bruselas se esperaría a verano para emitir su veredicto, por mucho que desde el Gobierno se pregonaba lo contrario.

Esta sanción no es motivo para alegrarse. Se trata de una multa que, aunque menor a la esperada y estipulada, significa lo mal que lo ha hecho el Ejecutivo del Estado a lo largo del proceso.

Recordar que en este período ha habido decretos unilaterales –presentados y no presentados-, poco diálogo entre Administración y afectados, huelgas en los puertos españoles, intervenciones desatinadas de los ministros de Fomento y de los miembros de su gabinete, amenazas a trabajadores y medios de comunicación, desmembración de la patronal, nerviosismo en los puertos, pérdidas de tráficos y escalas… y todo por un motivo único: el carácter anti-dialogante de un Gobierno acostumbrado a mandar bajo decretazos y sin el concurso de los verdaderos protagonistas: estibadores y empresas.

Lo natural, en una sociedad democrática madura, es que hubiera dimisiones y ceses en la Administración española, en Fomento y Puertos del Estado, pero el narcisismo del ejecutivo popular parece que obrará en sentido contrario al correcto.

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