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BATACAZO Y RIDÍCULO DEL GOBIERNO EN EL CONGRESO: LA CÁMARA BAJA NO CONVALIDA EL DECRETO

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DANIEL MOLERO 16/03/2017

Blog: "Viento de Tramontana"

Llegó el día de la votación del absurdo decreto unilateral del Ministerio de Fomento para finiquitar el modelo español de la estiba portuaria y los grupos parlamentarios –excepto el popular y sus confluencias más el PNV, obligados por otros motivos; y la abstención de Ciudadanos que, ante el voto negativo ha optado por no mojarse- han dado la razón a trabajadores y patronal no convalidando el texto y, por consiguiente, devolviéndolo a sede ministerial. Con 348 votos emitidos, más dos telemáticos, han sido 175 los favorables a la derogación, 142 favorables a su convalidación y 33 abstenciones.

Se trata de un batacazo en mayúsculas de un gobierno que tiene miedo a la negociación directa con la parte social, y de un ejercicio de responsabilidad política del resto de grupos de la oposición. Con esta decisión el ministro De la Serna, obligado por el Congreso y la opinión pública, deberá remangarse la camisa y establecer un diálogo real con las partes, algo que le reclaman desde hace más de dos años en la Unión Europea. Desde el año 1979 un Gobierno no perdía una votación para la convalidación de un decreto. Casi 40 años después la intransigencia del ejecutivo lo ha vuelto a lograr.

Los trabajadores tenían razón y Bruselas ampliará el margen para iniciar una mesa negociadora real, en la que sería insólito que el ministro volviera a confiar en las personas y personajes que le han hecho quedar mal. Ahora sí que el cese en sus funciones de José Llorca, Carmen Librero y Julio Gómez Pomar (y de su esposa) debería ser inmediato, siguiendo una lógica parlamentaria y democrática. Así lo ha pedido el representante del grupo Unidos Podemos en el hemiciclo.

El representante del grupo socialista ha criticado el electoralismo del Partido Popular al no haber aprobado un decreto, en el momento que tenía mayoría absoluta. Entonces los sindicatos convocaron huelgas después de que NAUCHERglobal presentara en exclusiva el decreto de José Llorca, tampoco pactado con sindicatos ni patronal. 2015 era año de elecciones y el Partido Popular no quería arriesgarse. El grupo socialista ha reclamado a los trabajadores que cesen las huelgas y se sienten en la mesa de negociación a partir de mañana mismo.

La sentencia de Luxemburgo no obliga a despedir a los miles de estibadores para poner en sus puestos a trabajadores de ETT’s que desvirtúen la labor de la carga y descarga de mercancías. Era, como creen todos los grupos parlamentarios de la oposición, una invención del decreto. Estibadores y empresas son los primeros que desde el minuto cero han creído en la necesidad de modificar el modelo de estiba en España.

Tampoco obliga el TJUE a que el Reino de España incumpla con sus compromisos de Estado firmados con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que, en el Convenio 137, pone énfasis en que los estibadores pueden formar parte de un registro profesional de portuarios. Así ocurre en el caso similar de Bélgica y con muchos países del entorno europeo.

Se trata, sin embargo, de una noticia triste. Es triste desde el momento que el actual inquilino del Ministerio de Fomento no haya hecho caso de su antecesora Ana Pastor y se haya avenido a entrar en la negoción con empresas y trabajadores. Habla de lo mal acostumbrado que estaba el ejecutivo estatal en la anterior legislatura, con mayoría absoluta.

Iñigo de la Serna ha explicado su decreto en la sede parlamentaria y también ha leído la última propuesta que hizo llegar ayer a los sindicatos (ver información relacionada). No obstante, los votos ya estaban decididos, o casi. El ministro ha señalado ante los diputados que los acuerdos deberían tomarse mediante la negociación colectiva “como pasa en el resto de sectores económicos”. También ha agradecido la labor de la ministra de Empleo su labor en los últimos días y ha criticado, como hacía la patronal, la ralentización de algunas terminales y la baja productividad que ha derivado en descensos en Algeciras o Valencia, por ejemplo.

Además, después de más de dos años desde que el TJUE emitiera su sentencia y cerca de cuatro años del primer dictamen de la Comisión Europea para que España modificara el modelo de estiba, desde el Ministerio han hecho caso omiso. Presentarse el último día con una propuesta in extremis y sin la presencia de los representantes de la patronal ni de los trabajadores es algo más que ruin. Así se lo han recordado los representantes de los diferentes grupos parlamentarios que han intervenido en el debate previo a la votación.

Los sindicatos deberían anular las convocatorias de huelga y ponerse manos de la obra a negociar un decreto consensuado, con las empresas -la mayoría de las cuales ya están de acuerdo- y con los grupos parlamentarios.

 

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